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Cultura y Dinero Público: ¿Qué está pasando con el cine peruano?

Recientemente, ha surgido una controversia en torno a los subsidios otorgados por el Estado a ciertas películas peruanas como «La Decisión de Amelia«. Esta polémica se originó a raíz de un proyecto de ley que, de manera discreta, busca reducir estos subsidios.

Nuestra postura respecto a este proyecto es parcialmente contraria, especialmente en lo que concierne a los subsidios que el proyecto no pretende eliminar. Nos preguntamos por qué el Estado debería financiar una actividad que, en teoría, debería ser una expresión de la cultura y recibir apoyo de la gente en forma de tiempo y dinero.

Surge entonces la pregunta: ¿Por qué subsidiar el cine y no la literatura, las artes o la fotografía? ¿Por qué no brindar apoyo al teatro o al circo? ¿Qué ocurre con géneros culturales como la zarzuela, el ballet o la ópera? ¿Dónde queda el apoyo al rock nacional o la danza de las tijeras? ¿Por qué elegir la cultura por encima de las artes marciales? En última instancia, si empezamos a conceder subsidios siguiendo este camino, hasta los toreros podrían pedir su parte.

Es inevitable que aquellos que abogan por financiar sus preferencias culturales con el dinero de otros consideren que lo que hacen, ya sea cultura, arte, industria o ciencia, es fundamental para el desarrollo. Es comprensible que hagan demandas apasionadas y busquen respaldo económico, mientras que a menudo condenan a aquellos que se oponen. Sin embargo, si observamos detrás del telón, nos daremos cuenta de que los subsidios son generalmente una mala idea.

En primer lugar, financian actividades que generan un valor menor que el costo de realizarlas. Si realmente fueran de interés general, la gente estaría dispuesta a financiarlas por sí misma sin necesidad de subsidios.

En segundo lugar, desvían recursos de áreas más necesarias. Aunque todos coinciden en que la educación es fundamental para el desarrollo del país, solo recibe el 6% del presupuesto nacional. Considerando que el Perú se encuentra entre los países con peores resultados en la prueba PISA, ¿no sería más sensato destinar nuestros recursos limitados a que las personas adquieran habilidades básicas como sumar o comprender lo que leen? ¿No sería más beneficioso que financiar películas?

Además, surge la pregunta de quién decide a quién se le concede el subsidio y quién supervisa el gasto de ese dinero en producciones culturales. Cuando las películas son financiadas por el sector privado, las empresas se encargan de asegurar que los fondos se utilicen adecuadamente. En el caso de los subsidios estatales, se requiere la intervención de entidades gubernamentales para determinar a quiénes se les otorga el dinero y fiscalizadores incorruptibles para garantizar que se utilice de manera adecuada. Esto plantea la posibilidad de un malgasto de recursos en un país que ha enfrentado graves consecuencias durante la última pandemia.

Es importante distinguir entre pagar impuestos para proporcionar servicios como la salud o la educación a personas necesitadas y financiar películas. En el primer caso, se puede comprender el propósito moral detrás de los impuestos, mientras que en el segundo, la justificación moral es menos evidente.

Este debate también ignora la posibilidad de que las películas financiadas con dinero público puedan no estar en línea con las creencias y valores de los contribuyentes. Financiar con recursos públicos una película que celebra a un político, como Javier Diez Canseco, podría ser considerado igual de inmoral que financiar una película que glorifica a Pedro Beltrán.

Por maria

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